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Textos legales obligatorios en una web: checklist 2026

Pie de página de una web española con los enlaces a aviso legal, política de privacidad y política de cookies marcados durante una revisión

En España, los textos legales obligatorios en una web son cuatro documentos más una obligación de información sobre resolución alternativa de litigios. Cada pieza responde a una norma distinta: el aviso legal (artículo 10 de la LSSI), la política de privacidad (artículo 13 del RGPD), la información sobre cookies (artículo 22.2 de la LSSI) y las condiciones generales de contratación, estas últimas solo si vendes online a consumidores. A quien vende se le añade informar sobre la entidad acreditada de resolución alternativa (artículo 40 de la Ley 7/2017). Los tres primeros documentos aplican a casi cualquier web con actividad económica detrás, incluida una web corporativa que no cobre nada a sus visitantes.

Si entregas webs a pymes, esto te afecta por dos vías. La primera es de riesgo: muchos sitios que has heredado arrastran textos copiados de otro proyecto, con el nombre de otra empresa dentro. La segunda es de oportunidad: revisar y rehacer los textos legales de una web es un entregable corto, concreto y facturable.

Este artículo separa lo que obliga cada norma de lo que se repite por inercia, con el texto consolidado del BOE delante. Funciona como guía operativa para saber qué pedir, qué revisar y en qué punto conviene derivar a un abogado, que es quien debe valorar un caso concreto.

Puntos clave

  • El aviso legal no depende de que vendas: el criterio del Anexo de la LSSI es que la web constituya actividad económica para el prestador, lo que incluye servicios no remunerados por sus destinatarios.
  • La política de privacidad se exige en cuanto hay un formulario. El artículo 13 del RGPD obliga a informar en el momento en que se obtienen los datos, y la AEPD sanciona la información ambigua, no solo la ausente.
  • Cookies y privacidad son normas distintas. En la resolución PS/00080/2023 la AEPD impuso 2.000 € por el artículo 13 del RGPD y 5.000 € por el artículo 22.2 de la LSSI en el mismo expediente.
  • Las condiciones de contratación solo son obligatorias si vendes a consumidores. Si no informas del derecho de desistimiento, el plazo de 14 días naturales no vence: se alarga doce meses más (art. 105.1 del TRLGDCU).
  • Quita el enlace a la plataforma ODR. Se desactivó el 20 de julio de 2025 por el Reglamento (UE) 2024/3228. El artículo 40.5 de la Ley 7/2017 sigue en el BOE, pero remite a un reglamento derogado.
  • La Ley 10/2025 de atención a la clientela casi nunca afecta a tus clientes pyme: exige 250 trabajadores o servicios de interés general. Conviene saberlo antes de que te lo pregunten.
  • Multas: hasta 30.000 € por infracción leve de la LSSI (art. 39). Por el RGPD, el tramo del art. 83.5.

¿Qué textos legales son obligatorios en una web?

La respuesta corta es que depende de lo que haga la web, no de su tamaño. Esta tabla es la que usamos como punto de partida en cualquier revisión:

TextoNorma que lo exigeA qué webs aplica
Aviso legalArt. 10 Ley 34/2002 (LSSI)A cualquier prestador con actividad económica, venda o no
Política de privacidadArt. 13 RGPD + LOPDGDDEn cuanto se recojan datos: formularios, newsletter, chat, currículums
Información y política de cookiesArt. 22.2 LSSI + guía de la AEPDSi se instalan cookies no exentas (analítica, publicidad, vídeo embebido)
Condiciones generales de contrataciónRDL 1/2007 (TRLGDCU), arts. 97 y ss.Solo si se vende online a consumidores
Información sobre resolución alternativa de litigiosArt. 40 Ley 7/2017Empresarios en relación con consumidores

Una web corporativa con formulario de contacto y Google Analytics necesita los tres primeros. Una tienda online necesita los cuatro documentos y, además, la información sobre resolución alternativa de litigios de la última fila. Un sitio puramente informativo de una asociación sin actividad económica puede quedar fuera de la LSSI, pero seguirá necesitando política de privacidad si recoge un solo email.

Sí, casi siempre. Aquí es donde más se equivoca la gente, porque se asume que la LSSI va de comercio electrónico y el nombre de la ley invita a pensarlo.

El Anexo de la Ley 34/2002 define servicio de la sociedad de la información como «todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario», y añade expresamente que el concepto «comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios». El criterio que decide es que la web forme parte de una actividad económica del prestador, con independencia de que el visitante pague algo por ella.

En la práctica eso significa que entran la web corporativa de una clínica dental de Madrid que solo capta citas, el blog de un freelance de Valencia que monetiza con publicidad y el sitio de una tienda de Sevilla con enlaces de afiliación. Queda fuera la web estrictamente personal sin ninguna monetización ni vínculo profesional.

El artículo 10.1 de la LSSI obliga a dar acceso «de forma permanente, fácil, directa y gratuita» a:

  1. Nombre o denominación social, domicilio o residencia (o la dirección de un establecimiento permanente en España), dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita una comunicación directa y efectiva.
  2. Datos de inscripción en el Registro Mercantil u otro registro público, cuando proceda.
  3. Autorización administrativa previa y órgano de supervisión, si la actividad está sujeta a ella.
  4. Si se ejerce una profesión regulada: colegio profesional y número de colegiado, título académico, Estado de la UE o del EEE donde se expidió y normas profesionales aplicables.
  5. El NIF.
  6. Si la web menciona precios: información clara y exacta, indicando si incluyen impuestos y, en su caso, los gastos de envío.
  7. Los códigos de conducta suscritos y cómo consultarlos.

Tres detalles que fallan una y otra vez en webs entregadas por agencias: un autónomo que oculta su nombre y apellidos detrás de una marca comercial (la ley pide el nombre, no el rótulo), un formulario de contacto como único canal cuando la ley pide un dato que permita comunicación directa y efectiva, y precios “desde X €” sin indicar si llevan IVA.

La política de privacidad: dónde sanciona de verdad la AEPD

El artículo 13 del RGPD obliga a facilitar la información en el momento en que se obtienen los datos, e incluye bastante más de lo que suele aparecer: identidad y contacto del responsable, datos del delegado de protección de datos si existe, fines y base jurídica de cada tratamiento, los intereses legítimos cuando esa sea la base, destinatarios, transferencias internacionales, plazo de conservación, derechos del interesado, derecho a retirar el consentimiento, derecho a reclamar ante la autoridad de control y existencia de decisiones automatizadas.

Lo revelador es por qué sanciona la AEPD. En la resolución PS/00080/2023 (expediente EXP202211953), la Agencia sancionó una política de privacidad que sí existía y estaba publicada, por lo que le faltaba dentro. Textualmente, constató que no ofrecía información sobre:

  • los fines del tratamiento y la base jurídica, que tenían «una ambigua redacción, o no de la claridad y precisión exigible»;
  • los intereses legítimos de terceros, que obligaban al usuario a entrar en las políticas de más de 1.000 proveedores uno por uno;
  • la intención de transferir datos fuera de la Unión Europea, a pesar de que parte de esos proveedores estaban fuera.

Multa por ese punto: 2.000 euros, además de la obligación de corregirlo en un mes. Si la política de privacidad de tus clientes no nombra los proveedores reales (el CRM, la herramienta de email, el píxel, el chat) ni dice a dónde van los datos, está en ese mismo escenario.

Cookies: documento aparte, y el botón de rechazar en la primera capa

La información sobre cookies responde al artículo 22.2 de la LSSI, no al RGPD, y la vigila la AEPD por una vía distinta. Fusionarla con la política de privacidad es el error más repetido en las webs de pyme.

El criterio operativo lo fija la Guía sobre el uso de las cookies de la AEPD, actualizada el 11 de julio de 2023 para incorporar las directrices 03/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre patrones engañosos, y exigible desde el 11 de enero de 2024: aceptar y rechazar deben presentarse al mismo nivel, sin que rechazar resulte más difícil que aceptar. Si hay un botón de “Aceptar”, tiene que haber un botón de “Rechazar” equivalente en la primera capa.

En la misma resolución PS/00080/2023, la deficiencia de la política de cookies se sancionó con 5.000 euros por el artículo 22.2 de la LSSI. Los patrones oscuros de la interfaz de consentimiento sumaron otros 5.000 euros por una vía distinta: el acuerdo tercero de la resolución impone la multa «por la infracción del artículo 5.1.a) del RGPD, tipificada en el artículo 83.5.a) del mismo Reglamento, y calificada como “muy grave” a efectos de prescripción en el artículo 72.1.a) de la LOPDGDD». Total del expediente: 12.000 euros, todo originado en una sola web.

Si gestionas banners de consentimiento para clientes, el detalle de implementación está en la guía de cumplimiento del banner de cookies según la AEPD.

Condiciones de contratación: solo si vendes, pero entonces en serio

Si la web vende a consumidores, entra el Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU). El artículo 97 exige facilitar información precontractual clara y comprensible antes de que el consumidor quede vinculado, y ahí entran características del producto, precio total, gastos, plazos de entrega y condiciones del derecho de desistimiento.

Tres puntos que conviene no dejar al azar:

  • El plazo de desistimiento es de 14 días naturales (art. 102) y no hace falta motivarlo.
  • Si no informas de ese derecho, el plazo no vence a los 14 días: se alarga doce meses más. El artículo 105.1 es literal: el periodo «finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial». Es la sanción civil más dura y más barata de evitar.
  • Hay que facilitar el modelo de formulario de desistimiento, no solo mencionar que existe (art. 97.1.j, con el modelo en el anexo B).

A esto se suma el requisito del botón de pedido: en la contratación electrónica con obligación de pago, el consumidor debe ser informado de manera clara y destacada justo antes de confirmar. Enterrar la información en las condiciones generales no basta; tiene que estar visible en el checkout.

El enlace a la plataforma ODR hay que quitarlo

Este es el punto donde conviene revisar lo que ya está publicado: es un enlace que se sigue copiando de plantillas y pies de página antiguos, y que lleva desde julio de 2025 apuntando a una página que ya no existe.

Desde 2016, las tiendas online enlazaban en el pie la plataforma europea de resolución de litigios en línea. Esa obligación venía del artículo 14 del Reglamento (UE) 524/2013. El Reglamento (UE) 2024/3228, de 19 de diciembre de 2024, derogó ese reglamento y suprimió la plataforma: dejó de admitir reclamaciones el 20 de marzo de 2025 y se desactivó por completo el 20 de julio de 2025. La Comisión redirige hoy a la red de Centros Europeos del Consumidor y al listado de entidades de resolución de litigios.

Lo que despista es que el artículo 40.5 de la Ley 7/2017 sigue figurando en el texto consolidado del BOE, cuya última modificación es de 3 de enero de 2025, obligando a incluir «un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea a la que se refiere el Reglamento (UE) n.º 524/2013». El precepto nacional conserva su redacción, pero remite a una norma derogada y a una dirección que ya no responde. Un enlace que lleva a una página inexistente deja al consumidor con información errónea sobre cómo reclamar.

Lo que sí sigue plenamente vigente es el resto del artículo 40: informar de manera clara y accesible, en la web y en las condiciones generales, sobre la entidad acreditada de resolución alternativa competente, con su identificación completa y la dirección de su página web.

Acción concreta: busca “ec.europa.eu/consumers/odr” en los pies de página y las condiciones de venta de todos tus clientes con tienda. Si aparece, sustitúyelo por la información de la entidad de resolución alternativa que corresponda.

Lo que probablemente no les obliga (y te van a preguntar)

Dos normas que generan llamadas de clientes nerviosos y que, en la mayoría de los casos, no les aplican:

  • Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de servicios de atención a la clientela. Está en vigor desde el 28 de diciembre de 2025 y el plazo de adaptación termina el 28 de diciembre de 2026, pero su ámbito es estrecho: empresas que prestan servicios de interés general (agua, gas, electricidad, transporte aéreo de pasajeros, postales, comunicaciones electrónicas, financieros) y grandes empresas, entendidas como 250 o más trabajadores, más de 50 millones de euros de volumen de negocio o más de 43 millones de balance. Una pyme o un autónomo quedan fuera.
  • Accesibilidad web. Aquí sí hay obligación para parte de tus clientes desde el 28 de junio de 2025, pero no para todos. Lo tienes desarrollado en la guía sobre la ley de accesibilidad web en España.

Saber decir “esto no te aplica, y te explico por qué” vale tanto como saber decir lo contrario.

Checklist de entrega para agencias

Úsalo antes de dar por cerrada cualquier web. Diez minutos de revisión evitan la conversación incómoda de dentro de seis meses:

  • Aviso legal accesible desde todas las páginas, con los siete puntos del artículo 10.1 y el nombre real del titular (no solo la marca).
  • Ningún nombre, CIF o domicilio de otra empresa heredado de la plantilla. Búscalo con un buscar y reemplazar antes de entregar.
  • Política de privacidad con fines, base jurídica por tratamiento, destinatarios reales, transferencias internacionales y plazo de conservación.
  • Cada formulario, con su cláusula informativa y su enlace a la política. También el chat, la newsletter y el envío de currículums.
  • Política de cookies separada, con tabla de cookies que coincida con lo que la web instala de verdad.
  • Banner con rechazo en primera capa, al mismo nivel visual que la aceptación, y sin carga de scripts antes del consentimiento.
  • Si hay venta: condiciones generales, información precontractual visible en el checkout, 14 días de desistimiento y modelo de formulario descargable.
  • Sin enlaces a la plataforma ODR. Con información de la entidad de resolución alternativa competente.
  • Textos legales indexables y rastreables: enlace HTML real en el pie, no un modal cargado por JavaScript.
  • Contrato de encargado del tratamiento firmado si tu agencia gestiona datos del cliente. Lo tienes detallado en la guía sobre el contrato de encargado del tratamiento.

Cómo convertirlo en un entregable que se cobra

Una “revisión de textos legales” vendida como tal suena a gestoría y se regatea. Funciona mejor empaquetada dentro de algo que el cliente ya entiende: una auditoría de la web donde el bloque legal es uno más junto a rendimiento, SEO y conversión. El hallazgo que abre la conversación casi siempre es el mismo: el nombre de otra empresa dentro del aviso legal, o un enlace a la plataforma ODR que lleva a una página que ya no existe.

Dos cautelas honestas. La primera: redactar textos legales a medida para un tratamiento complejo es trabajo jurídico, y conviene tener a un abogado o a una consultora de protección de datos detrás. Lo que sí puedes hacer tú sin invadir ese terreno es detectar, documentar y coordinar. La segunda: no prometas “cumplimiento garantizado” en una propuesta. Promete una revisión documentada contra una lista de requisitos concretos, que es lo que de verdad entregas.

Si además envías comunicaciones comerciales en nombre de tus clientes, el marco es otro y conviene no mezclarlo: lo tienes en la guía sobre email en frío B2B en España.

Preguntas frecuentes

¿Qué textos legales son obligatorios en una web en España? Depende de lo que haga la web, pero hay un mínimo casi universal. El aviso legal lo exige el artículo 10 de la LSSI a cualquier prestador que desarrolle una actividad económica. La política de privacidad la exige el artículo 13 del RGPD en cuanto la web recoja datos personales, aunque sea un simple formulario de contacto. La información sobre cookies la exige el artículo 22.2 de la LSSI si instalas cookies que no estén exentas. Y las condiciones generales de contratación solo son obligatorias si vendes online a consumidores, por el Real Decreto Legislativo 1/2007. Una web corporativa con formulario y analítica necesita los tres primeros; una tienda online necesita los cuatro documentos y, además, la información sobre la entidad acreditada de resolución alternativa de litigios que exige el artículo 40 de la Ley 7/2017.

¿Es obligatorio el aviso legal si la web no vende nada? Sí, en la mayoría de los casos. El criterio del Anexo de la LSSI no es si cobras al visitante, sino si el servicio «constituye una actividad económica para el prestador de servicios»: la propia ley incluye los servicios no remunerados por sus destinatarios. Una web corporativa que capta clientes, un blog con publicidad y un sitio con enlaces de afiliación entran dentro. Queda fuera una web estrictamente personal, sin monetización ni vínculo con una actividad profesional.

¿La política de cookies y la política de privacidad son lo mismo? No, y conviene no fusionarlas. Responden a normas distintas, con autoridades y plazos distintos: la privacidad se regula por el artículo 13 del RGPD y la instalación de cookies por el artículo 22.2 de la LSSI. En la resolución PS/00080/2023 la AEPD sancionó a la misma empresa por ambas vías en el mismo expediente: 2.000 € por el artículo 13 del RGPD y 5.000 € por el artículo 22.2 de la LSSI. Lo habitual y correcto es mantener dos documentos enlazados entre sí.

¿Hay que seguir enlazando la plataforma ODR de la Unión Europea? No. La plataforma europea de resolución de litigios en línea dejó de admitir reclamaciones el 20 de marzo de 2025 y se desactivó por completo el 20 de julio de 2025, en aplicación del Reglamento (UE) 2024/3228, que deroga el Reglamento (UE) 524/2013. El apartado 5 del artículo 40 de la Ley 7/2017 sigue apareciendo en el texto consolidado del BOE, pero remite a un reglamento derogado y a una URL que ya no existe. Mantener ese enlace en el pie de una tienda es, en el mejor de los casos, información errónea para el consumidor. Lo que sí sigue vigente es el resto del artículo 40: informar sobre entidades acreditadas de resolución alternativa.

¿Qué sanción tiene no publicar los textos legales? Por la vía de la LSSI, el aviso legal incompleto es infracción leve y el artículo 39 fija multa de hasta 30.000 euros. Por la vía del RGPD, no informar conforme al artículo 13 es infracción de las del artículo 83.5, con un máximo teórico de 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global; en la práctica, el artículo 74.a) de la LOPDGDD la califica de leve a efectos de prescripción y las cuantías reales para pymes son muy inferiores. En la resolución PS/00080/2023, la AEPD impuso 12.000 € en total a una sociedad por tres infracciones acumuladas relacionadas con su web.

¿Quién responde si la web del cliente no tiene los textos legales, la agencia o el cliente? Frente a la Administración responde el prestador del servicio, es decir, tu cliente, que es quien figura como responsable del tratamiento y como titular de la web. Eso no te deja al margen: si tu propuesta o tu contrato prometían una entrega conforme a la normativa, tu cliente puede reclamarte por la vía contractual. La solución práctica es la misma de siempre: dejar por escrito si los textos legales entran en el alcance, quién los redacta y qué información tiene que aportar el cliente.

¿Puedo usar un generador de textos legales para la web de un cliente? Como punto de partida, sí; como entrega final, con cuidado. Un generador resuelve la estructura, pero no sabe qué tratamientos reales hace tu cliente, a qué proveedores envía los datos, si transfiere fuera de la UE ni cuánto tiempo conserva la información. Precisamente esas lagunas son las que la AEPD señala en sus resoluciones. Si vas a usar uno, trátalo como una plantilla que hay que rellenar con los datos reales del cliente, no como un documento terminado.


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Fuentes

  • Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (texto consolidado). Artículo 10.1: obligación de acceso «permanente, fácil, directa y gratuita» a nombre o denominación social, domicilio, correo electrónico y medio de comunicación directa y efectiva (a), datos registrales (b), autorización administrativa (c), datos de profesión regulada (d), NIF (e), información de precios e impuestos (f) y códigos de conducta (g). Artículo 39.1: muy graves de 150.001 a 600.000 €, graves de 30.001 a 150.000 €, leves hasta 30.000 €. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
  • Anexo de la Ley 34/2002, definición a) «Servicios de la sociedad de la información»: «comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios». https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
  • Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), artículo 13: información que debe facilitarse cuando los datos se obtienen del interesado. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
  • Agencia Española de Protección de Datos, resolución del procedimiento sancionador PS/00080/2023 (expediente EXP202211953), contra Chatwith.io Worldwide, S.L. Infracción del art. 13 RGPD por deficiencias en la política de privacidad (fines y base jurídica con «una ambigua redacción, o no de la claridad y precisión exigible», intereses legítimos de terceros no detallados y ausencia de referencia a transferencias internacionales), multa de 2.000 €; infracción del art. 5.1.a) RGPD por patrones oscuros de sobrecarga y ocultación, 5.000 €; infracción del art. 22.2 de la LSSI por la política de cookies, 5.000 €. https://www.aepd.es/documento/ps-00080-2023.pdf
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), artículo 74.a): califica como leve a efectos de prescripción el incumplimiento del deber de información de los artículos 13 y 14 del RGPD. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
  • Agencia Española de Protección de Datos, nota de prensa sobre la actualización de la Guía sobre el uso de cookies (11 de julio de 2023) para adaptarla a las Directrices 03/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre patrones engañosos: aceptar y rechazar deben presentarse al mismo nivel, sin que rechazar sea más complicado que aceptar. Criterios exigibles desde el 11 de enero de 2024. https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-actualiza-guia-cookies-para-adaptarla-a-nuevas-directrices-cepd
  • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artículo 97.1.j) (condiciones, plazo y procedimientos del derecho de desistimiento «así como el modelo de formulario de desistimiento», que figura en el anexo B), artículo 102.1 (catorce días naturales, sin indicar motivo) y artículo 105.1: si no se facilitó esa información, el periodo «finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial». https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
  • Reglamento (UE) 2024/3228 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 524/2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R3228
  • Comisión Europea, Consumer Redress: la plataforma europea de resolución de litigios en línea está descontinuada desde el 20 de julio de 2025 y se remite al listado de entidades de resolución de litigios de los Estados miembros. https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_en
  • Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Centro Europeo del Consumidor en España): aviso del cese de operaciones de la plataforma europea de resolución de litigios en línea el 20 de julio de 2025. https://portal-cec.consumo.gob.es/es
  • Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo (texto consolidado, última modificación de 3 de enero de 2025). Artículo 40.2: la información sobre la entidad acreditada competente debe ofrecerse «de manera clara, e identificable, comprensible y mediante un acceso fácil en su página web» y constar en las condiciones generales. Artículo 40.5: obligación (referida al derogado Reglamento (UE) n.º 524/2013) de enlazar la plataforma europea de resolución de litigios en línea. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12659
  • Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. Artículo 2 (ámbito: servicios de interés general y grandes empresas, con umbrales de 250 trabajadores, 50 millones de euros de volumen de negocio o 43 millones de balance) y disposición transitoria única (doce meses desde su entrada en vigor, el 28 de diciembre de 2025). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-26698
  • Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, portal LSSI, régimen sancionador: infracciones muy graves de 150.001 a 600.000 €, graves de 30.001 a 150.000 € y leves hasta 30.000 €. https://lssi.digital.gob.es/lssi/la-ley/aspectos-basicos/regimen-sancionador

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